«
QUIERO SER VOLUNTARIO
Plataforma del frente
Plataforma del frente

El combate total y frontal a la corrupción y la impunidad

 

 

 

En la Coalición Por México al Frente tenemos claro que la corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales –como se ha afirmado desde el poder con profunda frivolidad e incluso complicidad– sino de verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política.

 

Estamos de acuerdo en que, si bien esta lucha la debe encabezar el Estado, por ser quien cuenta con los recursos para ello, es la sociedad la que debe determinar el rumbo y las acciones a seguir. Tenemos claro, también, que ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad institucional del que gozan los gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la República.

 

Por eso, en la Coalición Por México al Frente nos proponemos:

 

 

  1. Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de empleos, calidad de vida y marca país, entre otros.

 

  1. Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante las siguientes acciones:

 

- Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos no sólo de origen federal sino local.

 

- Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que quien la encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia.

- Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación internacional en materia de combate a la corrupción.

 

- Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con ellos.

 

- Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las entidades federativas y en los municipios, de los organismos constitucionales autónomos, y de los sindicatos y personas privadas vinculadas a entes públicos por cualquier causa.

 

- Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que ejerzan el servicio público.

 

- Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.

 

- Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

- Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general.

 

- Transparentar el cabildeo en los congresos.

 

- Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial correspondiente.

 

  1. Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, y reformar el segundo párrafo del Artículo 108 constitucional, para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.

 

  1. Fortalecer la transparencia de la acción pública, a través de las siguientes medidas:

 

- Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas, alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

- Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.

 

- Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de minimizar la posibilidad de que por opacidad, los entes o funcionarios públicos declaren reservada información pública, o peor aún, la declaren como inexistente.

 

- Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a controles tecnológicos y de digitalización.

 

- Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de Contabilidad Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.